Ellos también entierran la verdad

Sociedad
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Créditos de la imagen: Estefanía Cervantes

Por Estefanía Cervantes

El fin de semana pasado, Las Rastreadoras, colectivo de mujeres que buscan a familiares en la zona de Sinaloa y el norte del país, publicaron en su cuenta de Instagram el descubrimiento de una fosa clandestina con al menos seis cadáveres; “búsqueda positiva”, enunciaron al pie de una serie de fotografías de los restos encontrados por ellas. Partes de huesos en el suelo de una zona árida y personas en trajes blancos con guantes azules y cubrebocas KN 95 aparecen en las imágenes que, aunque ya son cotidianas, no dejan de indignar y causar dolor a quien las mira -a mí me sucedió-. Sin embargo, a pesar de que la desaparición en México sea un tema relevante en la discusión pública, puedo notar que las autoridades en este país no sólo son cómplices de estas atrocidades, sino que también entierran la verdad ignorando la crisis forense actual.

Muchos dirán que una cosa no tiene que ver con la otra, porque el mismo lenguaje indica que son cuestiones diferentes. Fosa clandestina tiene una definición, mientras que fosa común ─ligadas a la crisis forense─ es algo similar, pero no idéntica. Fosa clandestina es un término ligado a grupos de crimen organizado, mientras que fosa común es un denominador relacionado con el Estado y sus autoridades. Por supuesto, si lo ponemos en esos términos, hay una gran distinción, pero ¿realmente no son lo mismo? 

De acuerdo con datos de una investigación realizada por la periodista Marcela Turati y Quinto Elemento Lab, en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) del país existen actualmente más de 38 mil cuerpos sin ser identificados, de los cuales más de 27 mil acaban en la fosa común. 38 891 personas de las que no se sabe ningún dato. Entonces, aquí es donde se acaba esa distinción del uso de las fosas, ese límite entre Estado y crimen organizado, porque, a mi parecer, las dos cumplen funciones idénticas: deslindarse de responsabilidades (unos de tener que investigar y otros de los crímenes que cometen) y enterrar la verdad, omitir qué les pasó a las víctimas.

Por supuesto, el problema de la no identificación que ha causado la crisis forense no es nuevo. La desaparición se convirtió en uno de los mecanismos más empleados por el crimen organizado desde dos sexenios atrás e incluso también ha sido utilizado por el Estado como forma de represión contra opositores ─como el caso de las y los guerrilleros durante la Guerra Sucia─, así que esto ha provocado que el descubrimiento de fosas y de cuerpos creciera exponencialmente. Pero en vez de que quienes están en el poder aporten a revelar la verdad, me queda claro que sólo acaban por contribuir todavía más a la angustia y dolor de las familias de los más de 77 mil desaparecidos en el país.

Lo más probable, y lo que ha sucedido en muchos casos, es que algunas de esas personas desaparecidas bajo resguardo de los SEMEFO de los estados o incluso en fosas comunes de las autoridades, lo que obstruye su identificación. La omisión de las investigaciones, de la búsqueda de la identidad y de los protocolos que deben seguir para el manejo de los cuerpos aporta a que la crisis continúe y se viole el derecho a la verdad de las miles de familias. 

Evidentemente, y como ya mencioné, este problema no es algo nuevo, así que cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, entró al poder, existía la esperanza de que éste le prestaría mayor atención a la situación. Todo parecía indicar que así era, cuando, en marzo de 2019, aprobó la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual apoyaría a los peritajes pertinentes para el reconocimiento de los cuerpos. Sin embargo, a más de año y medio de su surgimiento, las cifras de cadáveres no identificados sigue en incremento, por lo que demuestra que el mecanismo es insuficiente e ineficaz.

Las razones del porqué este y los esfuerzos anteriores para controlar la crisis forense no han funcionado correctamente son varias: la falta de recursos económicos, de instalaciones forenses, de personal bien capacitado y de protocolos necesarios para no cometer errores. Asimismo, debido a la capacidad rebasada de las instalaciones, han ocurrido casos donde las autoridades deben crear fosas comunes en panteones civiles o en terrenos que no están declarados oficialmente como tal, aun sin tener la autorización para hacerlo. Tal es el caso de las fosas descubiertas en Telencingo, Morelos, en 2016, y las de Jojutla, del mismo estado, un año después, ambas creadas por la Fiscalía del Estado.

En los ejemplos anteriores también es posible entender la magnitud de la omisión de la responsabilidad y de los protocolos, pues no existían registros de los cuerpos exhumados, no sabían cómo habían llegado a manos de la Fiscalía. Además no contaban con carpetas de investigación y mostraban signos de que no habían sido tratados adecuadamente, por ejemplo, en su mayoría, todavía llevaban la ropa y las pertenencias que traían al momento de morir. En otros casos, ni siquiera se había investigado la causa de su muerte, ya que no presentaban marcas o señales del procedimiento de las necropsias. Esto demuestra que ha existido y existe una baja o nula capacidad e interés por parte de las autoridades para solucionar y contener el problema.

Ante ello, las familias de los desaparecidos han tenido que tomar el lugar de los responsables de identificar a las víctimas, organizándose en colectivos de búsqueda en los que también aprenden sobre Antropología Forense para reconocer las partes de los cadáveres e incluso saber cómo murieron. Así que ellos no sólo deben lidiar con el dolor de la desaparición de sus seres queridos, sino que también deben soportar el realizar el trabajo de las autoridades, aquellas que están ausentes en sus obligaciones. Y entiendo, actualmente el Estado está rebasado en muchos temas. La crisis debido a la pandemia por COVID-19 ha traído consigo incertidumbre en otros asuntos como la salud, la educación o el empleo, pero no hay que olvidar que existen miles de familias que tienen derecho a conocer la verdad sobre sus seres queridos. Los detonadores para la conversación en torno al tema están ahí: existen muchos reportajes e investigaciones de periodistas, así como documentales que retratan los testimonios de quienes buscan a sus familiares ─por ejemplo, el documental Volverte a Ver, de la directora Carolina Correa─; sin embargo, quienes comparten la responsabilidad de erradicar este y otros problemas sólo se dedican a enterrar también a la verdad. Entonces ¿realmente les interesa?


Estefanía Cervantes

Comunicóloga en proceso por la UNAM. Está decidida a ser periodista. Le interesa desarrollar temas sobre seguridad, derechos humanos y crisis climática. Ama la investigación, la fotografía, mirar las estrellas y el buen vino. Su sueño más loco es convertirse en documentalista. Siempre lleva un libro en la bolsa. Adora que sus amigos le pidan recomendaciones de cine y música. Escribir se ha vuelto su más grande pasión. Tiene un gato llamado Magnus.

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